Los congresos locales, bajo la mira por el Plan B de Claudia Sheinbaum, operan con disciplina partidista, baja eficacia y escaso debate, lo que limita su autonomía.
Sugeyry Romina Gándara| Ciudad de México, 19 de marzo 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).- Los congresos locales —independientemente de qué partido tenga la mayoría— se han convertido en instituciones que han anidado malas prácticas, opacidad y cuestionamientos sobre su eficacia, pues en promedio solo una de cada diez iniciativas se discute mientras que el resto se desecha, en muchos casos, por no alinearse con la agenda del grupo mayoritario o del Gobernador en turno.
El llamado Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que propone establecer un tope al gasto de estos congresos debido a su alto costo para el erario, ha puesto en el centro del debate el funcionamiento de las legislaturas locales, de las cuales, también ahora se cuestiona qué tan eficaces son, y en relación a su profesionalización.
Especialistas entrevistados por SinEmbargo coincidieron en que los congresos locales presentan una marcada disparidad, no solo entre estados, sino incluso entre distintas legislaturas de una misma entidad. Además, advirtieron que en su funcionamiento persisten diversas malas prácticas que afectan su desempeño, entre las que destacan el uso arbitrario de recursos, la escasa transparencia, la deficiente fiscalización del gasto y una tasa de aprobación de iniciativas estrechamente vinculada a las propuestas enviadas por los ejecutivos estatales.
“Nos encontramos ante congresos con poca eficacia, con un desarrollo institucional limitado, que están supeditados a los gobernadores en turno, con escasa transparencia y una deficiente fiscalización en el ejercicio de sus recursos”, señaló en entrevista con SinEmbargo Jorge Aljovín, experto en derecho electoral, quien añadió que, en términos de productividad, los congresos suelen medir su trabajo por el número de iniciativas presentadas, más que por la calidad de los productos legislativos.
El proceso parlamentario deja mucho que desear, señaló Aljovín, quien subrayó que, en promedio, solo una de cada diez iniciativas es discutida, mientras que el resto se desecha, en muchos casos por no formar parte de la agenda política del grupo mayoritario. Actualmente, el oficialismo controla 26 de los 32 congresos estatales.
Por su parte, Sergio Bárcena, fundador de Buró Parlamentario, una organización especializada en estudios legislativos, coincidió en que la disparidad es uno de los rasgos centrales del sistema legislativo local, pues en México coexisten congresos con altos niveles de producción legislativa y perfiles especializados, junto a otros con capacidades mucho más limitadas.
“Son profundamente dispares. Hay congresos donde se procesan numerosas reformas y que están integrados por perfiles altamente especializados”, explicó Barcena. En algunos casos, agregó, esta estabilidad está asociada a la existencia de una élite legislativa que se mantiene en el tiempo, ya sea mediante la reelección o el tránsito entre cargos locales y federales.
La falta de información, sumada a la profunda disparidad entre los congresos estatales en términos de estructura, capacidades y nivel de profesionalización, ha dificultado la evaluación de su desempeño. No obstante, pese a este panorama, desde la academia se han impulsado diversos esfuerzos para aproximarse a la medición del trabajo legislativo.
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Por ejemplo, Sergio Bárcena, junto con Fernando Patrón Sánchez y Óscar Medina Llanos, en su libro El corazón de las legislaturas: causas y consecuencias de la profesionalización en congresos locales de México, desarrollaron un Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (ICPL) como un indicador para evaluar el nivel de profesionalización de los congresos locales.
Para construir dicho índice, los autores estandarizaron variables provenientes de distintos indicadores relacionados con la profesionalización, que aplicaron a 64 legislaturas en el periodo 2014-2021, a partir de dos dimensiones: la biográfica, vinculada al perfil de los legisladores —como su experiencia administrativa, trayectoria parlamentaria, afiliación partidista y nivel educativo—, y la estructural, relacionada con las condiciones institucionales en las que operan los congresos.
Los resultados del índice —que incluyó variables como las trayectorias profesionales, la experiencia legislativa de los diputados locales y las capacidades estructurales de los congresos (como recursos materiales, económicos y humanos, como el número de asesores)— ubicaron con mayor nivel de profesionalización a legislaturas en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato, mientras que los niveles más bajos se registran en Baja California Sur, Nayarit, Durango, Campeche y Chiapas.
Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (ICPL) desarrollado en el libro o El corazón de las legislaturas: causas y consecuencias de la profesionalización en congresos locales de México.
El análisis también reveló patrones regionales, ya que, en el Bajío, el centro y el occidente del país se concentran congresos con mayores niveles de profesionalización, así como algunos casos en el norte, como Jalisco, Chihuahua y Baja California. En contraste, hay congresos con menor nivel de profesionalización en distintas regiones, incluidos estados del norte como Baja California Sur y Durango; del occidente, como Nayarit; y del sur, como Chiapas y Campeche.
Entre los hallazgos, el índice concluye que la profesionalización legislativa en México no es uniforme, sino que responde a contextos políticos y dinámicas electorales específicas de cada entidad: mientras algunas legislaturas presentan altos niveles de preparación y experiencia entre sus integrantes, otras enfrentan rezagos importantes en estos mismos aspectos.
Sergio Bárcena explicó que medir el desempeño de los congresos requiere considerar diversos factores agrupados en el concepto de “congresos profesionalizados”, el cual abarca la capacidad de procesar iniciativas, la complejidad de las leyes que generan y, sobre todo, su función de supervisión sobre el Poder Ejecutivo.
Respecto a lo que define a un congreso efectivo, el analista señaló que debe cumplir con cuatro variables. La primera es reflejar la pluralidad política de la entidad; la segunda, garantizar un debate sustantivo entre las fuerzas partidistas, es decir, que las decisiones no estén completamente sesgadas hacia un solo partido —incluso si es el mayoritario— y que existan mecanismos internos que propicien la discusión.
La tercera variable es que el congreso ejerza funciones reales de fiscalización y genere reformas acordes con las demandas ciudadanas. No obstante, Bárcena advirtió que estos elementos difícilmente se cumplen en contextos de mayorías partidistas, ya que cuando un mismo partido controla el Congreso y el gobierno estatal, se debilitan la supervisión y la rendición de cuentas.
“Si no cuenta con todos estos elementos, pero sí con dos o tres, puede acercarse; sin embargo, en un entorno de mayorías partidistas es muy complicado garantizar que todo esto ocurra”, explicó.
En este sentido, Bárcena consideró que el funcionamiento de los congresos está determinado en gran medida por la configuración partidista. Señaló que actualmente operan con una alta disciplina interna, derivada de la tendencia a que los ejecutivos cuenten con mayorías calificadas en los legislativos —especialmente cuando coinciden con el partido del Gobernador—, lo que limita los contrapesos. Este modelo, añadió, responde a incentivos que presionan a los legisladores a alinearse con su partido, ya que de ello dependen sus iniciativas, cargos y futuras candidaturas.
“Si tienes un partido mayoritario, y además esa mayoría te permite hacer reformas a la Constitución local e impide que se realicen comparecencias y otras funciones de supervisión, entonces difícilmente va a funcionar como contrapeso, sobre todo si es el mismo partido del Gobernador, porque éste tendrá cierta injerencia sobre el Congreso”, explicó.
Y añadió: “Algo que notamos es que no solo se otorgan mayorías a los gobernadores —en gran medida de Morena—, sino que son mayorías altamente disciplinadas. ¿Por qué? Porque hay una estructura de incentivos que motiva a los legisladores a aprobar las iniciativas del Ejecutivo, de su partido o de su coalición, y a reducir las acciones de revisión y supervisión”, señaló.
Esta disciplina, según explicó el especialista, responde a incentivos políticos concretos. “Si no colaboras con la línea del partido, no te aprueban tus iniciativas, no te dan nuevas candidaturas ni comisiones que te permitan avanzar en tu carrera política. Todo el sistema de incentivos de los congresos locales replica al Congreso federal y está centrado en obedecer al partido”, indicó.
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Por su parte, Jorge Aljovín coincidió en que las agendas legislativas, tanto a nivel federal como estatal, están marcadas por los ejecutivos, lo que se traduce en congresos que responden a lo que se dicta desde la Presidencia o los gobiernos estatales en turno. El especialista señaló que, en términos de efectividad, los congresos locales replican lo que ocurre a nivel federal: bajos niveles de productividad y una atención predominante a las iniciativas del Ejecutivo que —aunque no es negativa en sí misma— limita el diálogo y la deliberación entre fuerzas políticas.
“La agenda legislativa viene marcada por los ejecutivos. A nivel federal, por la Presidenta de la República, lo que le quita voz y presencia al Congreso de la Unión, y esto se replica a nivel local, donde las legislaturas responden al gobernador o gobernadora en turno”, explicó.
En este sentido, Bárcena consideró que este modelo no es necesariamente bueno o malo en sí mismo, pero sí propicia congresos altamente disciplinados, con menor margen para el debate y una supervisión menos efectiva.
El hecho de que los congresos estén supeditados a lo que determinen los ejecutivos, detalló Aljovín, dificulta la construcción de reformas de fondo, ya que muchas decisiones deben contar con su aval, lo que condiciona su viabilidad. “Esto provoca que se dejen de lado reformas en temas clave como seguridad o trabajo, y se prioricen asuntos de menor alcance”, señaló.
Aljovín consideró que tanto el Congreso federal como los locales deben ajustar su funcionamiento para ser más productivos y menos dependientes del Ejecutivo. “Es necesario romper con este hiperpresidencialismo o estos virreinatos que existen a nivel local”, concluyó.
